José Luis Méndez Romeu: “Es Feijóo el que tiene que decidir su posición sobre el Estatuto”

© Tucho Valdés/La Opinión A Coruña

El conselleiro de Presidencia y teórico ‘numero dos’ de la parte socialista del Gobierno de la Xunta está acostumbrado a formar parte de la polémica, la última de las cuales fue desencadenada por él mismo al apostar públicamente por conservar el término de “nacionalidad histórica” para definir la identidad de Galicia. Quizá por ello, y en plena negociación PSOE-BNG sobre el Estatuto, en esta entrevista trata de ser cauto y de evitar cualquier arista que ponga en dificultades el acuerdo negociado
–El término que más le gusta para Galicia es el de nacionalidad histórica, pero usted mismo ha dicho que es una ventaja tener un estatus equiparable al de Euskadi y Cataluña y podemos perderla.
–En la última semana de junio se iniciará el debate en ponencia y es ahí donde se van a buscar las definiciones. Lo importante en la reforma es tener clara la nueva definición de competencias, la articulación de los poderes que hay en Galicia, la financiación… A partir de ahí podemos tener formulaciones más retóricas, formulaciones que calmen la frustración de algunos o que intenten traducir conceptos que van más allá de su fuerza jurídica, pero creo que eso no es lo importante. La sociedad gallega ha funcionado y se ha desarrollado bien con un Estatuto como el vigente. Y ese es el ejemplo que tenemos y el ejemplo que no debemos perder de vista. Vamos a hacer una reforma no para descubrir el Mediterráneo sino para mejorar la distribución de competencias. Y ahí es donde hay que poner la energía. Las demás cuestiones son interesantes por su carácter simbólico pero tienen una eficacia práctica mucho menor.
–Pero mueven la pasión. –A lo mejor mueven a la pasión de los que no tienen ideas claras sobre otros temas.
–Lo que trasciende del Parlamento no son ideas sobre competencias sino sobre identidad. –Lo sigo con interés. No escucho grandes ideas sobre nuevas competencias; sobre eso se habla poco. Quizá porque como es lo importante es lo más comprometido…
–O que todo el mundo está de acuerdo. El problema va a estar en la cuestión identitaria. –Pues no, yo creo que no va a haber ahí un gran debate. El único problema real del Estatuto es conseguir un acuerdo de las tres fuerzas políticas. Y estro es algo que básicamente le va a corresponder decidir al Partido Popular, es el que tiene, por así decir, la capacidad última de bloquear el Estatuto o de apoyarlo. Es evidente que los partidos que apoyan al Gobierno gallego lo van a apoyar con claridad y con acuerdo pleno y es el Partido Popular el que tiene que definir cuál es su posición.
–Pues ellos ya han dicho que lo que les gusta es lo mismo que a usted, que Galicia es una nacionalidad histórica y que con eso firman ya. –Bueno, pues espero que firmen cuando empiecen los trabajos de la ponencia. En eso y en más cosas.
–¿Cómo debe quedar el gallego en el Estatuto? –Yo creo que la Ley de Normalización Lingüística de 1983 ha funcionado en general bien. Y por tanto deberíamos de tender a recoger esa filosofía. Debemos procurar que la gente tenga en el futuro capacidad de seguir conociendo el idioma y de poder usarlo en cualquier circunstancia de su vida oficial. Y no deberíamos, probablemente, ir más allá.
–¿Qué reformas hay que aplicar a las diputaciones para evitar que pasen cosas como las de Lugo o, simplemente, para que cumplan sus funciones?
–Las Diputaciones son poderes locales. Las funciones de las diputaciones son las de los municipios cuando estos no pueden prestarlas. Lo que no se puede, en pleno siglo XXI, es sustituir esa función por una política de subvenciones más o menos discrecional. Eso es un error que debe ser corregido.
–Hace meses que prometieron un informe para racionalizar la llamada administración paralela.
–Fue contratado a una auditoría externa y me consta que está en fase muy avanzada. Pronto estaremos en condiciones de determinar lo que queremos hacer. En realidad, ese informe debe tener eficacia en el presupuesto de 2007, que es donde habrá que abordar la reformulación de algunas entidades, más de medio centenar, y fijar también criterios de homogeneidad que faciliten el control.
–Va a ser muy difícil que resuelvan el problema heredado de las asistencias técnicas, que les está obligando a crear puestos públicos no previstos.
–Eso es cierto. Tenemos en torno a unas 1.300 personas en esa situación sobre un colectivo total de empleados públicos de 21.000, y lo cierto es que estamos recibiendo un elevado número de sentencias contrarias a la administración que reconocen a esos trabajadores un vínculo temporal de carácter laboral. Esas personas tienen que ser absorbidas hasta que en su momento esas plazas sean objeto de una convocatoria pública y sean ocupadas por funcionarios o por trabajadores laborales con carácter definitivo, momento en el que estos contratos deberán ser rescindidos. Evidentemente se está creando una distorsión en el funcionamiento de la administración, pero es una situación que tiene difícil solución a corto plazo en la medida en que ni podemos rescindir contratos ni podemos impedir resoluciones judiciales negativas. Podría hacer una crítica fácil a lo que hizo el Gobierno anterior, pero probablemente estamos ante un problema estructural. Unas plantillas de la Xunta mal definidas para las competencias que tenemos y como consecuencia la necesidad continua de acudir a soluciones de emergencia que acaban siendo soluciones permanentes. La ley de la Función Pública, el borrador que estamos discutiendo, propone una fórmula de consolidación estable para todas aquellas personas que trabajaban para la Xunta antes de enero de 2005. Si la ley es aprobada en estos términos podríamos abordar la estabilización del colectivo más difícil, que está formado por numerosas personas de cualificaciones bajas, que prestan servicios en centros asistenciales, de salud y de tercera edad, que son básicamente personal de oficios, y llevan en situación provisional muchos años.
–Y sigue pendiente el problema de reubicar a los funcionarios de libre designación del Gobierno anterior.
–La ley está sometida ahora mismo a debate. No es una ley fácil, en el sentido de que las libres designaciones cumplen una función de comodidad para el Gobierno. En cualquier empresa privada los directivos tienen la posibilidad de buscar el mejor rendimiento de sus trabajadores. En la administración esto no funciona así. Los directivos no tienen ninguna capacidad para mover trabajadores, que sólo pueden ser movidos de acuerdo con las normas previstas por la ley. Y la ley, normalmente, no da solución a la evolución de la sociedad. En el momento actual tenemos un número muy elevado, sobre 1.500 personas. Eso permite a los directivos de turno elegir a sus mejores colaboradores. A largo plazo, como se está viendo ahora, hace que la administración sea excesivamente dependiente del cambio político. Reducir ese número, como se ha hecho en las administraciones más modernas, es irrenunciable. Nada fácil, por que más allá de las grandes declaraciones hay todo un conjunto de necesidades de funcionamiento que los directivos están planteando a diario y que non son fáciles de manejar. Si llevamos a delante la reducción prevista en el proyecto de ley, pasaríamos de 1.500 a un tercio de esa cifra.
–La solución se demora...
–De los 1.500 puestos designados libremente por el Gobierno anterior hemos prorrogado al 82%. Cuatro de cada cinco funcionarios nombrados libremente por el Gobierno anterior siguen en su mismo puesto y uno de cada cinco ha sido desplazado a un puesto distinto y sustituido en sus funciones. Creo que es una tasa de continuismo bastante elevada. Yo no creo en una administración politizada, creo más bien en lo contrario, en la separación progresiva de la administración y el Gobierno. Todo lo que hagamos para separar las dos esferas, la política y la administrativa, a largo plazo será bueno para el país.
–Usted era partidario de dar más competencias a la administración local en urbanismo.¿Sigue pensando lo mismo con todo lo que está pasando?
–Yo creo que la política urbanística es fundamentalmente de pacto. Debemos lograr un acuerdo de los poderes públicos con los colectivos que intervienen en esta política: promotores urbanísticos, constructores, municipios... Todos jugamos un papel ahí. Y es difícil imponer normas si no son aceptadas socialmente. Si no estamos de acuerdo en cómo queremos proteger la primera línea de costa, si no estamos de acuerdo en cómo desarrollar o urbanizar suelo rústico, si no tenemos una postura comúnmente aceptada sobre la necesidad de mejorar los entornos paisajísticos o los entornos monumentales eso no lo vamos a arreglar mediante normas coercitivas. El espacio público en Galicia y en general en España no es desde luego envidiable, entendiendo por espacio público plazas, jardines, mobiliario urbano (lo que disfruta la gente).Y eso desde luego es una reflexión que deberíamos hace r todos. El futuro pasa por la cooperación respetando las competencias de cada uno pero siendo conscientes de que tenemos que actuar conjuntamente. Cuando se ve un plan de urbanismo importante en el que no se ha considerado n siquiera las condiciones de saneamiento es evidente que algo falla. Y esas condiciones, si no las abordan los poderes públicos, no las van a resolver los promotores privados. El presidente ha hablado de la necesidad de darnos un tiempo antes de pensar en otra reforma de la ley del Suelo precisamente para buscar ese acuerdo.
–Sí, pero pensar que se va a solucionar sólo con buena voluntad y pacto…
–El presidente de la Xunta le recordaba recientemente al señor Feijóo la larga batería de normas del suelo que ha promovido el Gobierno anterior y su fracaso sistemático, así que no estamos ante un problema de normas, estamos ante un problema social muy importante sobre el que procede desde luego abordar con más profundidad el debate.
–Parece que no vamos a tener la competencia de tráfico antes del nuevo Estatuto. –Existe una preocupación sobre las consecuencias de la situación actual. El Gobierno gallego está preocupado por la elevada tasa de siniestralidad que tenemos en las carreteras gallegas especialmente en algunos puntos. Y sabemos nosotros, como lo sabe el Gobierno de España, porque hay estudios al respecto, que esa siniestralidad más elevada es consecuencia de unos factores diferenciales muy conocidos: las características de nuestra red de carreteras, la abundancia de trayectos cortos, la dificultad en los enlaces de las vías de alta capacidad con las convencionales… Creemos que eso se puede mejorar acercando la gestión del tráfico al ciudadano y eso se puede hacer mediante una transferencia de la competencia. Que se haga a corto plazo o a medio plazo va a depender de varios factores y no podemos olvidar que estamos ahora mismo inmersos en un proceso de reforma estatutaria y que aguardamos tener un texto en los próximos meses. No depende de esta consellería pero no creo que sea viable. Estamos, si las cosas van bien, cerca del final de proceso de reforma estatutaria y ganar unos pocos meses más o menos no me parece relevante.
–Pero preparan un plan de seguridad vial sin competencias. –Pero eso es un proceso de coordinación. Mientras no tengamos la competencia sí podemos colaborar para reducir la siniestralidad en coordinación con el Estado. La Consellería de Obras Públicas está pactando lo que hace cada uno, en qué puntos actúa cada uno y con qué medidas.
–Ha habido episodios de descoordinación en el Gobierno y al menos dos le afectan porque han supuesto su desautorización. Me refiero al área metropolitana de Vigo y a la ley de electoral. –Esta es una sociedad que no estaba acostumbrada a un debate abierto sobre los grandes temas políticos. Cuando yo suscité en el Parlamento el debate sobre las Diputaciones también hubo algunos rasgamientos de vestiduras; hoy es un debate omnipresente. El área metropolitana de Vigo es un caso interesante de cómo se debate en Galicia o cómo más bien no se debate. ¿Necesitamos instrumentos supralocales para ordenar el territorio, mejorar la eficacia de los servicios etcétera? Si los necesitamos, ¿cómo deben ser? Nada de esto se ha querido debatir. Se ha optado por un debate estruendoso, planteado en términos de hipotética agresión, que ha tenido la consecuencia que suelen tener este tipo de debates y es que simplemente no ha sido posible avanzar en absoluto sobre un asunto donde, por otra parte, la experiencia de España y de Europa para cualquiera que tenga interés en conocerla es inequívoca. Solamente funcionan las entidades supralocales con carácter de órganos de gestión que no crean nuevas burocracias y que no incrementan el gasto público. Las estructuras estrictamente políticas orientadas a la confrontación de unos organismos con otros han desaparecido en todos los lugares, empezando por España y siguiendo por la OCDE. Pero en fin, estas cuestiones tan obvias han quedado fuera de la agenda. Se ha aplazado el debate y con la proximidad de las elecciones municipales es difícil que se vuelva a plantear a corto plazo.
En cuanto a la ley electoral, que deberemos abordar en algún momento, ha sido objeto de un aplazamiento para buscar el consenso con el grupo popular, con el que también estamos buscan do un consenso en la reforma del Estatuto. Y por tanto, se ha entendido que podía formar parte, como una aplicación del propio Estatuto, de ese acuerdo institucional que siempre es bueno para la estabilidad de las elecciones. Por lo tanto, estamos ante situaciones que tienen un calendario más demorado del que podría parecer conveniente y que simplemente indican que en esta sociedad necesitamos un grado mayor de debate y de aproximación de posturas.
–Respuesta diplomática. –Es cierto, se ha pactado, el presidente de la Xunta le ha ofrecido al señor Feijóo pactar la ley electoral. Evidentemente no se va a pactar antes de que se arregle el Estatuto, o sea que estamos en un proceso de un cierto distanciamiento.